¿Un desgastante juicio o un simple trámite administrativo para cambiar el sexo del acta de nacimiento? Eso está en juego
Cálculos de ONGs indican que en México hay entre 360 mil y 600 mil personas trans.
La comunidad transexual y transgénero en México está en espera. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debió resolver un asunto vital para ellas y ellos, pero lo han mandado hasta la siguiente semana, dejando en una tensa pausa a la comunidad LGBT.
Será hasta el 13 de febrero cuando la Primera Sala de la SCJN resuelva una contradicción de tesis sobre qué requisitos deben cumplir las personas trans para cambiar el sexo en su acta de nacimiento, una decisión que puede complicar o simplificar su vida.
El fallo es una decisión largamente esperada por la organización Amicus DH, A.C. con sede en León, Guanajuato, que busca que la máxima instancia de justicia en México declare inconstitucional el requisito de agotar un juicio para la rectificación de las actas de nacimiento.
Actualmente, en 28 entidades de país las personas trans necesitan contratar un abogado, cubrir los gastos legales e iniciar un juicio para que se les permita adecuar su acta de nacimiento a su identidad de género; eso genera un desgaste económico y una larga espera, pues depende de que las autoridades locales no apelen los fallos de un juez.
En contraste, en Ciudad de México, Nayarit, Coahuila y Michoacán basta iniciar un proceso administrativo –mucho más barato y rápido– para corregir el acta de nacimiento.
La decisión de la Suprema Corte podría volver obligatorio en el país que las personas trans solo cumplan con un trámite administrativo para cambiar sus documentos personales hacia la identidad de género que prefieran.
«En el resto del país, la población trans se enfrenta con dificultades legales, económicas y sociales para el reconocimiento de su identidad y el acceso a otros derechos», detalló la organización, que ha litigado también en favor del matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.
«La Corte tiene una oportunidad igual de sentar un criterio definitivo en favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en México», señaló Juan Pablo Delgado, abogado de la ONG Amicus.
Fuente: HUFFPOST
