Una demanda presentada contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por declaraciones hechas en marzo de 2011 durante un programa de televisión cuando era diputado, llegó este lunes al Tribunal Superior Federal (STF).
Si es declarado culpable, Bolsonaro puede terminar pagando una multa de hasta R $ 150.000 (alrededor de US $ 30.000) por su discurso homofóbico.
Cuando se le preguntó qué haría si tuviera un hijo homosexual, respondió que el pensamiento nunca se le había pasado por la cabeza “porque han tenido una buena educación; fui un padre presente y no corro ese riesgo”.
Cuando se le preguntó si se uniría a un desfile de personas que se sienten atraídas por otras del mismo sexo, Bolsonaro dijo que no participaría en la promoción de los malos hábitos porque cree en Dios. “Tengo una familia y la familia tiene que ser preservada a cualquier precio o la nación simplemente colapsará”, había argumentado.
Por estos comentarios, Bolsonaro ya ha sido declarado culpable en primera y segunda instancia. Ahora el caso ha llegado al más alto tribunal posible.
Los abogados defensores de Bolsonaro sostienen que sus palabras y opiniones estaban protegidas por la inviolabilidad que la Constitución confiere al discurso de los parlamentarios.
La indemnización por daño moral fue solicitada, a través de una acción civil pública, por tres asociaciones a favor de los derechos de las personas LGBT +: el Grupo Arcoíris para la Conciencia Homosexual, el Grupo Cabo Free para la Conciencia Homosexual y la Lucha contra la Homofobia y el Grupo Diversidad Niterói. Las tres agrupaciones son del estado de Río de Janeiro, donde solía residir Bolsonaro antes de mudarse a Brasilia para desempeñar las funciones de presidente.
De ser declarado culpable, el ex capitán del Ejército debería pagar R $ 150.000 de su propio dinero al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Bolsonaro fue condenado por el tribunal inferior y luego, en una decisión de 3 votos contra 2, el tribunal de apelaciones confirmó la sentencia.
Mientras tanto, el 19º caso judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva fue archivado este lunes. Solo hay un caso pendiente para el exlíder, a quien la mayoría de las encuestas consideran como nuevamente en la presidencia tras las elecciones de octubre de 2022.
La decisión de la jueza paulista María Carolina Ayoub es un nuevo paso hacia la candidatura de Lula el próximo año porque si fuera declarado culpable de alguno de cargos en su contra, no podría postularse.
Al igual que en el caso de Bolsonaro, estos cargos particulares contra Lula se remontan a 2011, cuando ya no era presidente.
La jueza Ayoub basó su decisión en la falta de elementos suficientes para avanzar y en que algunos de los presuntos delitos ya han prescripto.
Lula tiene ahora solo un caso judicial pendiente, en el que también está acusado de usar su influencia con la entonces mandataria Dilma Rousseff (2011-2016)
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