Luis Pérez Villalobos, un elemento de la Policía Estatal de Jalisco que ha permanecido en su cargo por 15 años, denunció ser objeto de discriminación por parte de sus compañeros y superiores debido a su orientación sexual.
Pérez Villalobos relató que hace unos meses fue notificado que sería removido de su puesto debido a que había reprobado una prueba de habilidades; sin embargo, dicho examen data de hace 8 años, por lo que el oficial acusa que se trata de un pretexto para suspenderlo de sus actividades porque es abiertamente gay.
Villalobos explicó que en la notificación de su cese se le acusa de haber cometido un crimen (sin especificar cuál) y se asegura que es consumidor de sustancias psicoactivas, específicamente de nitritos de alquilo, conocidos popularmente como poppers, una droga que es vinculada a los hombres homosexuales por sus efectos en el sexo y su uso en ambientes de fiesta.
“Yo soy gay, lo digo en cámaras y a mis compañeros, lo acepto en estos momentos porque ellos están exponiendo mi vida personal, relacionan esta droga conmigo pero yo no la utilizo y delitos nunca he cometido, que me muestren el delito que supuestamente acabo de cometer”, explicó Pérez Villalobos, quien aseguró que sus exámenes de dopaje han resultado negativas.
De acuerdo con Jessica Barba, abogada de Luis, su cliente se sometió a una Prueba de Control y Confianza en 2011 realizada por el Centro de Evaluación y Confianza de Jalisco; sin embargo, los resultados nunca le fueron entregados, por lo que Luis continuó con su trabajo sin ningún inconveniente. Siete años después, en 2018, se le notificó que había reprobado la prueba, razón por lo que no podía continuar en su puesto.
La abogada explicó que el Centro de Evaluación y Confianza de Jalisco modificó los resultados de sus pruebas; además, puntualizó que la fecha de notificación está fuera de los márgenes establecidos en la ley.
“En primera instancia es un procedimiento de separación, el cual fue abierto en el 2016, se le notifica en 2018 pero de acuerdo a unos exámenes de 2011. La ley dice que el Centro de Evaluación y Confianza tiene 30 días para notificar a la Fiscalía y ésta tiene un año para el procedimiento”, explicó Jessica Barba.
Actualmente, Luis Pérez Villalobos mantiene su cargo gracias a un amparo; sin embargo, denuncia que no recibe un trato igualitario, por ello exige recibir un trato digno y que se le restituyan sus derechos.
Con información de Noticieros Televisa.
