Nueva vuelta de tuerca a la LGTBIfobia de Estado en Hungría. Mientras la Unión Europea aumenta la presión sobre las leyes discriminatorias aprobadas en el último año y medio, el Gobierno de Viktor Orbán ha aprobado una orden para limitar la venta de libros de temática LGTBI. Se trata de la primera aplicación práctica de la norma, aprobada en junio, que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores y que el activismo calificó como una ley de propaganda homosexual «a la rusa». Es el último paso en una escalada de estigmatización de la población LGTBI por la vía legislativa que comenzó con la prohibición de cambiar el sexo legal.
El pasado mes de junio, el Parlamento unicameral húngaro, en el que los ultraconservadores del Fidesz y sus socios gozan de mayoría absoluta, aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI.
El pasaje aprobado por el Parlamento modifica varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. En concreto, se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio».
La enseñanza escolar también estará sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. En julio, el Gobierno húngaro anunció la convocatoria de un referéndum sobre la medida en 2022. El activismo húngaro la ha condenado como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual» aprobada en 2013 y miles de personas se manifestaron contra la nueva ley ante el Parlamento húngaro en Budapest. A nivel europeo, la respuesta en un primer momento y más allá de las meras declaraciones, fue tibia. Pero en julio, la Comisión Europea comunicaba la presentación de sendas demandas contra las leyes LGTBIfobas de Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE, cuyos Gobiernos tienen un plazo de dos meses para pronunciarse.
Mientras tanto, Orbán y sus aliados han dado otra vuelta de tuerca en aplicación de la ley aprobada y sin esperar al resultado del anunciado referéndum. El Ejecutivo ha aprobado un decreto que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio. El gremio de libreros y editores ha pedido una lista de los títulos afectados y advierte de una posible oleada de autocensura previa. «Si ponen muchas trabas a la venta de estos libros, ¿para qué publicarlos en absoluto?», se preguntan desde el sector.
Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado
La actual escalada legislativa contra la comunidad LGTBI en Hungría comenzó el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.
Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.
Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el pasado 10 de noviembre una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.
La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.
Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares. Con la nueva iniciativa contra la población LGTBI, el Gobierno de Orbán continúa, con total libertad de acción, su escalada hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad.
Fuente: Dos Manzanas
