La Suprema Corte de Justicia de México ordenó este miércoles al Congreso del estado de Yucatán repetir la votación de 2019 en la que se rechazó mediante voto secreto legalizar el matrimonio igualitario en la región.
«La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el estado de Yucatán actuó de manera ilegal e inconstitucional al rechazar mediante voto secreto las iniciativas de reforma discutidas en 2019 que pretendían modificar la Constitución del estado para reconocer el matrimonio igualitario», informaron en un comunicado varias organizaciones civiles.
Artículo 19, el Colectivo de Protección de Todas las Familias de Yucatán, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa habían presentado amparos al considerar que se habían violado «los derechos de transparencia y participación».
Según estos colectivos, la sentencia recoge que el Congreso yucateco «transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas» al hacer una votación secreta y generó «una violación a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y participación».
La Suprema Corte de Justicia de México ordenó este miércoles al Congreso del estado de Yucatán repetir la votación de 2019 en la que se rechazó mediante voto secreto legalizar el matrimonio igualitario en la región.
«La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el estado de Yucatán actuó de manera ilegal e inconstitucional al rechazar mediante voto secreto las iniciativas de reforma discutidas en 2019 que pretendían modificar la Constitución del estado para reconocer el matrimonio igualitario», informaron en un comunicado varias organizaciones civiles.
Artículo 19, el Colectivo de Protección de Todas las Familias de Yucatán, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa habían presentado amparos al considerar que se habían violado «los derechos de transparencia y participación».
Según estos colectivos, la sentencia recoge que el Congreso yucateco «transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas» al hacer una votación secreta y generó «una violación a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y participación».
EFE