Brenda Fraga se postuló al Congreso usando la acción afirmativa del grupo vulnerable lésbico-gay, aunque nunca ha legislado a favor de la comunidad
Pese a cumplir al 100 por ciento con dos periodos legislativos en el Congreso del Estado y no haber impulsado en ninguna ocasión alguna agenda a favor de la comunidad LGBTTTIQ, la diputada por el Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, optó por ser candidata bajo la acción afirmativa del grupo vulnerable lésbico-gay en el presente proceso electoral.
Como aspirante por el distrito 20 de Uruapan Sur de la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán entre Morena y PT, Fraga Gutiérrez inscribió su candidatura aprovechando la secrecía que brindó el órgano electoral como un derecho humano.
Sin embargo, esa inscripción le garantizó a la pietista llegar con mayor firmeza a ocupar por tercera ocasión una curul en el Congreso del Estado, pese a no existir ningún antecedente que denote el interés por proteger o impulsar una agenda de la comunidad LGBTTTIQ durante los dos periodos que ha ocupado en el Congreso local.
A decir de la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) Araceli Gutiérrez Cortés, a los y las candidatas que fueron avaladas por la acción afirmativa de la comunidad lésbico gay solo se les solicitó una carta de buena fe en la que bajo protesta de decir verdad asumen ser parte del grupo minoritario, tal como lo mandató el Tribunal Electoral Federal.
“El propio Tribunal ha manifestado que no se pueden pedir pruebas de identidad a una persona que se autoadscribe como parte de la comunidad, porque eso implicaría llevarlos a una situación de discriminación”, indicó en entrevista exclusiva.
Por ello, el acto de acreditación es simple, una carta de buena fe donde bajo protesta de decir verdad asumen su condición minoritaria.
Gutiérrez Cortés reconoció que sí existe el riesgo de que algún candidato o candidata haya mentido para postularse por una de las acciones afirmativas que se suscitaron en esta elección, como la condición indígena, de discapacidad o de la comunidad LGBTTTIQ. Sin embargo, el propio Tribunal Electoral es quien mandata el no pedir pruebas de identidad para garantizar a los aspirantes la protección de sus datos personales.
Fuente: El Sol de Morelia
