Una orientación sexual o identidad de género diferente de la considerada normal puede tener consecuencias fatales en muchos lugares del planeta.
Más allá de los 11 países que condenan la conducta homosexual con la pena de muerte, las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente de la considerada normal pagan un alto precio por ser ellas mismas en demasiados lugares del planeta. Incluso aunque se guarden mucho de manifestar sus preferencias sexuales en público, la mera sospecha de que son diferentes puede costarles multas, años de cárcel… o la vida.
Según el último informe Homofobia de Estado, publicado en diciembre de 2020 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, según sus siglas inglesas), 69 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (67 por disposiciones legales explícitas y 2 de facto).
Daniil Grachev, activista de los derechos del colectivo LGBTI, arrestado por la policía antidisturbios durante el Orgullo Gay celebrado en San Petersburgo, el 29 de junio de 2013.© Roma Yandolin
En seisde ellos -Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (12 estados del norte) y Yemen-, la pena de muerte es un castigo legalmente prescrito. En otros cinco –Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia- la pena de muerte podría llegar a imponerse siguiendo ciertos códigos legales o religiosos, pero hay menos certeza jurídica sobre la situación.
Los datos acerca de la aplicación de estas sentencias de muerte son escasos. El informe de la ILGA narra el caso de dos hombres y un muchacho de 17 años condenados en 2015 por homosexualidad en la provincia de Ghor, Afganistán. La sentencia, emitida por un tribunal de justicia paralela, estipulaba como método de ejecución «el aplastamiento mediante derribo de pared». La caída del muro mató a los dos hombres e hirió al adolescente, a quien le permitieron conservar la vida.
“En julio de 2020 Sudán abolió la pena de muerte como castigo por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo”
La organización concluye: «casos como este ponen de manifiesto los límites difusos entre la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias llevadas a cabo por mecanismos de justicia no oficiales».
El informe sí recoge información más concreta sobre Irán, en donde documenta ejecuciones de reos acusados de distintas prácticas homosexuales en 2019, 2018, 2017 y años anteriores.
En medio de esta sinrazón hay también buenas noticias: en julio de 2020 Sudán abolió la pena de muerte como castigo por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, aunque este tipo de relaciones sigue siendo castigado.
Crímenes de odio contra la diversidad sexual
Más allá de amenazas legales, la vida de las personas LGTBI corre peligro en multitud de países, debido a su exposición a crímenes de odio (delitos que se cometen contra personas o bienes debido a su relación, real o supuesta, con un grupo definido por una característica protegida, como el origen étnico, la religión, la orientación sexual o la identidad de género).
Las personas transgénero son víctimas preferenciales de dichos crímenes. Según los datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020 murieron asesinadas 3.664 personas transexuales en el mundo. Todas ellas asesinadas por prejuicios discriminatorios.
La organización deja claro que no son cifras exactas, pero asegura que reflejan tan solo la «punta del iceberg» de la violencia que sufren las personas trans en todo el mundo.
De las 3.664 muertes registradas por el observatorio, 1.520 han sido documentadas en Brasil; 528 en México; 271 en Estados Unidos; 180 en Colombia; 126 en Venezuela y 107 en Honduras.
Durante esos 12 años en España han sido asesinadas 13 personas trans. Un número muy lejos de los registrados en los países de las América y algunos de Asia, pero igualmente notable.
Marcha del Orgullo celebrada en México. © Itzel Plasencia López/ AI México
Sin protección en México y Centroamérica
Las amenazas a la vida de las personas LGTBI son especialmente preocupantes en Mesoamérica. Sobre todo en México y en los países del triángulo norte – Guatemala, El Salvador y, sobre todo, Honduras-, como demuestra el informe de Amnistía Internacional Sin lugar que me proteja.
El texto concluye que «ante la falta de opciones para resguardar sus vidas e integridad en sus propios países (centroamericanos), hombres gays y mujeres trans optan por huir y buscarprotección en otros países como México o Estados Unidos. Sin embargo, para muchas de estas personas el camino está pavimentado de nuevos actos de violencia y discriminación a manos de grupos criminales y autoridades».
Los datos de la violencia contra las personas LGTBI en Centroamérica son estremecedores.
De acuerdo a la ONG hondureña Red Lésbica Cattrachas, desde 2009 hasta julio de 2017 se reportaron 264 asesinatos de personas LGBTI (152 hombres gays y 86 personas trans) en Honduras. La ONG COMCAVIS–TRANS reportó un total de 28 ataques graves, la mayoría asesinatos, contra personas LGBTI en El Salvador entre enero y septiembre de 2017.
Carlos, un solicitante de asilo hondureño entrevistado por Amnistía Internacional en 2017 contaba: «Mi amigo fue a poner una denuncia y ni bien había terminado de poner la denuncia que ya estaban en su casa de él. Otro amigo fue a poner la denuncia y en el camino lo mataron». La violencia sufrida por sus amigos y por él mismo -«me golpearon, me intentaron asesinar… solo por ser gay»– le llevó, como a miles de otras personas no heterosexuales, a huir de su país.
Ni siquiera la civilizada Unión Europea está libre de crímenes de odio. En 2018 el transformista activista queer griegoZak Kostopoulos fue golpeado brutalmente por dos hombres al entrar en una joyería del centro de Atenas. Tras la agresión, la policía intentó detener con violencia a Zak, que agonizaba en el suelo y que falleció a causa de las múltiples lesiones sufridas.
Su madre contaba un año más tarde cómo su lucha para obtener justicia le ayudaba a sobrellevar la muerte de su hijo: «Debemos mantener la lucha, garantizar que toda vida humana sea valorada y tratada con respeto».
Varios manifestantes sostienen una pancarta durante una protesta en memoria de Zak Kostopoulos, un activista LGBTI de 32 años que fue asesinado en el centro de Atenas. © Giorgos Zachos / SOPA Images
Vidas rotas
A veces, los crímenes de odio o la homofobia estatal o la transfobia no acaban directamente con las vidas de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersexuales, pero las destrozan de manera tan brutal que dejan a esas personas convertidas en verdaderos juguetes rotos.
Esta fue la causa de la muerte de Sarah Hegazi, feminista queer egipcia que en un concierto se atrevió a ondear la bandera arcoíris. Como reflexionaba la investigadora de Amnistía Internacional Nadia Rahman, «estos breves instantes de esperanza en que decidió celebrar sin reservas quién era, cambiaron su vida. Y, tres años después, se la arrebataron».
Una semana después del concierto, Sarah fue arrestada, junto con unas 30 personas más, y sometida a abusos sexuales, tortura y detención arbitraria durante tres meses por “pertenencia a un grupo ilegal”. Tras ser puesta en libertad sin cargos el 2 de enero de 2018, se exilió en Canadá, pero sufría un serio trastorno de estrés postraumático.
Un año después de su arresto escribió desde Canadá un artículo sobre su depresión y sus intensos ataques de ansiedad y pánico. Explicaba que sentía un miedo y un aislamiento constantes y que no había podido volver a Egipto para despedir a su madre, fallecida mientras Sarah estaba en el exilio.
Todo el horror vivido queda patente en la nota manuscrita que Sarah dejó al morir, el 14 de junio de 2020: “A mis hermanos y hermanas: intenté redimirme y no lo logré, perdónenme. A mis amigos y amigas: el viaje fue duro y soy demasiado débil para resistirlo, perdónenme. Al mundo: fuiste muy cruel, pero te perdono».
Fuente: Amnistía Internacional
