Chile retomó este martes la discusión de un proyecto de ley presentado en 2017 que permite el matrimonio igualitario y que, de aprobarse, le convertiría en el octavo país de Latinoamérica en ratificar este derecho social, tras Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.
La reactivación se produce después de que el pasado 1 de junio el presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, dijera en su última cuenta pública antes de dejar el cargo en marzo de 2022 que “ha llegado el tiempo” de aprobar el matrimonio gay y otorgara carácter de “urgencia” a su tramitación.
“De esta forma, todas las personas sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen”, afirmó entonces Piñera.
El sorpresivo respaldo del mandatario cayó como un jarro de agua fría en los partidos de derecha que forman la coalición con la que gobierna (“Chile Vamos”), especialmente en las filas de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN).
Otorgarle a un proyecto el carácter de “urgencia” permite apurar su tramitación parlamentaria, un mecanismo que el propio Piñera rechazó en 2019.
“El impulso que se está dando al matrimonio igualitario es una convicción”, aseguró el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Jose Ossa, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde comenzó el debate.
Muchos de sus socios acusaron al gobernante de “traición” y de pretender dar un golpe de efecto al final de su mandato y tratar de “enderezar” su cuestionado legado.
Piñera, un multimillonario católico de 71 años, es el presidente chileno con el índice de aprobación ciudadana más bajo desde el retorno a la democracia en 1990 y ha sido muy criticado por su gestión de las graves protestas de 2019 y de la pandemia del coronavirus.
LUCHA DE LARGO ALIENTO
El matrimonio entre personas del mismo sexo se ha convertido en los últimos años en una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde los homosexuales solo pueden unirse desde 2015 bajo la figura legal de Acuerdo de Unión Civil (AUC), similar a la pareja de hecho, pero que no permite la adopción.
El Estado chileno se comprometió en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a legislar a favor del matrimonio igualitario y en contra de la discriminación contra el colectivo LGTBI tras una denuncia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
El proyecto que fue retomado este martes, que contempla también los derechos filiativos y la adopción, se presentó en 2017, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y estuvo atascado más de dos años.
En enero de 2020, el Senado chileno decidió aprobar la idea de legislar el proyecto, pero no avanzó en su articulación ante la férrea oposición de los partidos conservadores de la coalición oficialista.
Según un reciente sondeo de Ipsos, el 65 % de los chilenos cree que se debería permitir el matrimonio gay, lo que coloca a Chile como el segundo país latinoamericano con mayor respaldo, solo por detrás de Argentina (73 %).
EFE
