Un nuevo escándalo se anticipa para la Secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz. Aplicó drástica sanción a un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural sin mayores justificaciones que supuestas irregularidades no acreditadas.
El afectado es Emilio Castillejos, separado de su función como jefe jurídico de la dependencia estatal. Lo castigaron quitándole el 70 por ciento de sus percepciones. Como suele ocurrir, lo juzgaron antes de demostrarle culpabilidad alguna.
La presunción de inocencia pisoteada y el daño a la reputación de Castillejos, que tiene más de 15 años en el servicio público con un expediente limpio, son algo grave que se puede revertir en juicio para la instancia administrativa acusadora.
La sanción impuesta sin el debido proceso, aplicada a principios de este mes, fue el preámbulo de un procedimiento burocrático que la Función Pública pretende turnar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en las siguientes semanas.
El problema más grave es que el afectado se queja de que la acusación no está fundamentada, pues es por el manejo de un programa que viene de administraciones pasadas y que, en efecto, presenta irregularidades, más no son atribuibles a él.
Entonces, lo que puede esconder la gente de Vargas Ruiz es la intención de proteger a funcionarios y hasta exfuncionarios del duartismo, usando a Castillejos como chivo expiatorio. Haciéndolo víctima de hostigamiento y de una persecución injustificada.
O bien, lo ha denunciado el mismo agraviado, de fondo puede existir la homofobia de la titular de la SFP y sus operadores. Es posible que la indagatoria y el castigo anticipado puedan basarse hasta en cuestiones tan personales como sus preferencias sexuales.
No oculta el afectado que es gay. Cree que también eso puede explicar que lo hayan echado del Gobierno. De cualquier forma, sea por proteger a otros o por discriminación, es un acto grave que la SFP debe explicar.
Fuente: El Diario de Chihuahua
