La minoría trans tiene que vivir con el miedo, el desamparo legal y la discriminación.
Danielle Alzolay se siente una inmigrante en su propio país, una, además, irregular.
El hecho de no tener una identificación que se adhiera al género al que finalmente decidió “transicionar” hace casi un año, le ha hecho vivir situaciones que define como “peligrosas”.
“Cuando tienes que, por ejemplo, entregar tu documento de identificación a un policía que te paró de manera injusta, es un bochorno, una humillación entregar una identificación que no te representa y muchas veces que ni siquiera te representa a nivel de imagen, lo que puede suponer un problema legal. Te pueden llevar a la comisaría por presunto robo de identidad”, dice la joven transgénero de 20 años de edad, cuyo nombre legal sigue siendo Daniel.
La suya es la realidad de un número aún indefinido de personas LGBTIQ+ en Venezuela, una caracterizada por el desamparo legal, la discriminación, el miedo, la lucha y la esperanza.
De todos, los trans, y, más específicamente, las mujeres trans, como Alzolay, son el colectivo más afectado en este país. Lo confirma la abogada, profesora y activista Tamara Adrián, quien en 2015 se convirtió en la primera diputada transexual de Venezuela: “Es la minoría más segregada y la más despreciada desde el punto de vista social, la llevada más allá de los márgenes”, dice.
Eso, precisamente, fue lo que postergó la decisión de Alzolay de “transicionar”. “La mayoría de las personas de la sociedad venezolana no se ha abierto a conocer a una persona trans y ahí se alimenta esa ignorancia que se transforma en odio y se invisibiliza totalmente una parte importante de la población venezolana”, lamenta.
Justo durante el pasado mes del Orgullo LGBT, en junio, activistas y organizaciones locales denunciaron nuevos crímenes de odio, hacia una pareja de homosexuales y una mujer trans. Los asesinatos ocurrieron en menos de 48 horas y a pocos kilómetros de distancia, en Caracas.
De acuerdo con un informe extraoficial de la Asociación Civil Divas de Venezuela, entre 2009 y 2017 hubo al menos 75 asesinatos de personas trans en Venezuela. Según su directora, Rummie Quintero Verdú, entre 2018 y lo que va de 2021 se habrían sumado 10 más, incluyendo el de Elizabeth Rondón, la mujer trans que fue decapitada y desmembrada este mes.
Solo necesitas existir para que seas blanco de un posible crimen de odio
El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena, sin embargo, contabiliza 126 muertes en este país, tan solo entre 2008 y septiembre de 2020.
Aunque Alzolay no conocía a Rondón, siente que perdió a una hermana. Y siente, también, “mucho miedo”: “Solo necesitas existir para que seas blanco de un posible crimen de odio, y si no es crimen de odio, es discriminación y es violencia física o verbal”.
Aunque nació en Maturín, estado Monagas (nororiente del país), desde que tiene 12 años vive en Valencia, estado Carabobo, en la región central; y, desde allí, asegura estar en “el mejor lugar de Venezuela para vivir como persona LGBT”. En el interior del país –dice– la situación para estas “es mucho más difícil”.
Aun así, ha tenido que vivir episodios que –asegura– han afectado su salud mental y su dignidad. Como la vez en la que, en un Centro Diagnóstico Integral (CDI), de la red pública de atención primaria, dos doctores se rehusaron a inyectarle sus hormonas, pese a que las había llevado junto al récipe médico y la jeringa, y tuvo que esperar que llegara un doctor que conocía para ser atendida.
Sin derechos en la práctica
Alzolay dice que el problema radica en la falta de leyes que la protejan. En particular, de una ley de identidad de género.
La de Tamara Adrián ha sido la lucha más emblemática en este sentido. Desde el 14 de mayo de 2004, el caso para el reconocimiento de su identidad radica ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su admisión a trámite, que debería tomar unos tres días hábiles, llevó casi diez años. Pero aún no ha pasado nada. Ni en su recurso ni en el de otras 14 personas que, a diferencia de ella, intentaron una acción colectiva de reconocimiento de identidad independiente de la genitalidad.
“La gente dejó de intentar recursos, como no se resuelven simplemente no van al tribunal”, lamenta la reputada abogada, quien legalmente sigue siendo Tomás Adrián.
En su sitio Web, la A.C. Divas de Venezuela tiene una compilación de leyes, resoluciones y decretos que supuestamente protegen a las personas sexo género diversas en Venezuela. Está encabezada por el artículo 20 de la Constitución, que reza: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.
Alzolay lo cita a la perfección, pero lamenta que no se cumpla, ni este ni otros artículos existentes. Lo que hay actualmente es, además, “insuficiente”, reconoce Quintero, de Divas de Venezuela. Y la de identidad de género no es la única ley que, a su juicio y el de otras activistas, hace falta en Venezuela.
En el portal de la asociación civil sin fines de lucro Unión Afirmativa Venezuela (UNAF) hay otra compilación, esta vez de derechos vulnerados a parejas del mismo sexo. Aunque data de 2010, la coordinadora general de la organización, Quiteria Franco, lamenta que, en más de 10 años, las cosas, desde el punto de vista legal, no hayan cambiado tampoco para ellas.
“Todavía legalmente no hay un reconocimiento de las parejas del mismo sexo a través de ninguna figura, es decir, aquí no existe ni unión de hecho, ni unión civil y mucho menos matrimonio para proteger a las parejas del mismo sexo”, asegura Franco.
Sin embargo, celebra, como otros activistas, una sentencia del TSJ de 2017, en la que se reconoció a un niño su identidad venezolana, habiendo nacido en otro país, y se le dio partida de nacimiento con los nombres de sus dos mamás. En dicha sentencia, el TSJ explicó un artículo referente a las familias y aclaró que los niños que nacen y crecen en familias conformadas por parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos.
Este, sin embargo, y a su juicio, es un “avance parcial, muy limitado, muy tibio, muy temeroso”.
Éxodo
Todavía legalmente no hay un reconocimiento de las parejas del mismo sexo a través de ninguna figura (…)
Este estancamiento legal es el que ha llevado a Alzolay, como a muchas de sus compañeras que siguen en Venezuela, a pensar en sumarse a esa diáspora de más de 5 millones de venezolanos.
“He pensado en irme a Colombia (…) Es un lugar más accesible a nivel de hormonas, de la parte de transición médica”, dice, quien, sin embargo, prevé nuevas dificultades, aun cuando se trate de un país en el que es posible, para una persona trans, el reconocimiento de su identidad legal a fines internos.
Adrián explica que para que a personas como Alzolay se les dé un documento con un nombre y sexo de identificación independiente del de su pasaporte, en Colombia y otros países donde esto ocurre, el requisito es que no puedan cambiar su nombre y sexo en el país de origen, para lo que piden una certificación de la cancillería venezolana, que sin embargo argumenta que sí se pude, porque el artículo 157 de la Ley Orgánica del Registro Civil dice que las personas pueden cambiar el nombre.
“Sin decir que, en la práctica, ese artículo nunca ha podido ser aplicado porque el Consejo Nacional Electoral (…) sacó una opinión según la cual género era sexo y que, en consecuencia, ese artículo solo se aplicaría a una persona con vagina a quien habían llamado Pedro José o a una persona con pene que habían llamado Ana María, pero no a una persona trans”, acota Adrián, quien además lamenta que, en cualquier caso, sería cambio de nombre y no de sexo; lo cual, insiste, no es reconocimiento de identidad.
Afortunadamente, sin embargo, los Estados de la región conocen la situación de Venezuela y piden la opinión de expertos como ella.
Desde UNAF, Quitera Franco ha seguido al éxodo de personas de la comunidad LGBT venezolana, uno que asegura fue fuerte, sobre todo, entre 2016 y 2017, coincidiendo con la época más crítica de escasez de alimentos y medicinas. De hecho, en 2017 su organización reportó casos de personas trans que se vieron obligadas a consumir hormonas de animales.
Y aunque al menos esto último ha mejorado –según Alzolay, al menos las alternativas genéricas de las hormonas se consiguen en Venezuela– el éxodo persiste.
“La cantidad de solicitudes que nos llega al correo de gente pidiendo recomendaciones de a dónde irse o cómo irse ha aumentado y, al mismo tiempo, las solicitudes de agencias internacionales de migración y refugio, que nos piden información sobre la situación en Venezuela”, asegura, quien insiste en que la causa de su partida es, principalmente, la falta de derechos.
Esperanza de cambio
En Alzolay y el resto del movimiento LGBT venezolano, sin embargo, hay esperanza de que las cosas mejoren. Más recientemente, esta esperanza se vio alimentada por una invitación a ella y otros activistas del movimiento para participar en una reunión virtual con los miembros de una subcomisión del Parlamento chavista, en la que insistieron en la exigencia de sus derechos.
“Aún si no se efectúa un cambio por eso, sé que las cosas están cambiando, sé que nos están dejando hablar, que al menos nos están escuchando, eso para mí es un progreso enorme”, dice Alzolay.
Rummie Quintero, de Divas de Venezuela, rescata otras conquistas, como la de haber conseguido que, con la Ley del Poder Popular, se les garantizara participación protagónica en todos los ámbitos, lo que –asegura– les ha permitido a ella y otras personas de la comunidad LGBT ser líderes en sus comunidades.
Adrián, sin embargo, se propuso cambios más ambiciosos para su paso por la Asamblea Nacional, como una reforma a la Ley Orgánica de Registro Civil, que incluía el otorgamiento de una nueva partida de nacimiento para las personas trans.
Lograr esto, sin embargo, fue imposible: “No se pudo tramitar de ninguna forma, ninguna ley (…). En todos esos años (de 2015 a 2020) no es que esta ley fue dejada de lado, es que no hubo ninguna ley”, explica, al referirse al bloqueo del chavismo al Parlamento opositor.
Ahora, sin embargo, tiene poca fe en que la Asamblea Nacional chavista, electa en 2020, apruebe algo en favor de la población LGBT venezolana. “Yo veo muy pocas probabilidades”, confiesa, quien, sin embargo, asegura que saludaría cualquier avance, “venga de donde venga”.
Pero enumera cuatro componentes dentro del chavismo madurismo que lo impedirían: el “excesivo” militarismo; la “estrecha relación” con los movimientos neopentecostales, el “radicalismo ideológico” de los marxistas leninistas que toman algunas decisiones en el ámbito del chavismo madurismo; y, finalmente, el irrespeto generalizado de los DDHH.
“Lo último que uno puede perder es la esperanza, yo creo que el cambio, desde el punto de vista legal, va a llegar. ¿Cuándo? Allí es lo que yo no puedo decir, pero tengo la certeza de que va a legar”, dice, sin embargo, Quiteria Franco, quien como Alzolay y las demás mantiene una esperanza acompañada de acciones para exigir sus derechos.
Fuente: El Tiempo
